Marco regulatorio de la Responsabilidad Social Empresaria

23 Abr

Newsletter de la Comisión de Jóvenes.

Colaboración de Ariel Nelson y Solange Moreno.
IMG-2015004En las últimas décadas el Estado ha avanzado en la regulación de las actividades productivas en relación al balance social y su triple impacto económico, social y ambiental. Si bien aún queda mucho por discutir y avanzar en la materia, en el presente artículo se hará un resumen del escenario nacional en términos de marco regulatorio. Es sumamente interesante comprender cuáles son los requerimientos que las empresas deben cumplir para ser socialmente responsables, asegurando su crecimiento como así también el desarrollo social y ambiental.
Focalizando la mirada en el accionar de las empresas para con el entorno, las organizaciones no limitan sus actividades para generar beneficios, sino que va más allá de su interés económico para transformarse en un generador potencial de bienestar ambiental e impulsor de desarrollo social. El punto principal lo conforma el cumplimiento de las obligaciones de manera sostenible. ¿Pero quién se encarga de controlar que se cumplan correctamente dichas obligaciones?
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial progresivamente cobró suma importancia involucrándose en la esfera estatal. Dicha esfera se posiciona como órgano regulador que monitorea el comportamiento de las empresas y fomenta el desarrollo de la RSE. De esta manera, para que una empresa sea considerada socialmente responsable, de mínima debe cumplir con las obligaciones legales vigentes. En adelante citaremos una breve reseña de la normativa nacional y provincial realizada por Mariana Galli Basualdo, publicada originalmente en Fundación Observatorio de Responsabilidad Social.
El primer antecedente normativo en nuestro país lo encontramos en la legislación laboral, específicamente en la Ley 25.250/20002, cuyo apartado V denominado Balance Social establecía en su primigenio artículo 18 lo siguiente: “Las empresas que ocupen a más de quinientos (500) trabajadores deberán elaborar anualmente un balance social que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Este documento será girado por la empresa a la representación sindical de sus trabajadores, dentro de los treinta (30) días de elaborado”.
Se habla de responsabilidad social entendiendo que son los sindicatos, cooperativas, universidades, ONG’s, empleados, clientes, proveedores, y demás quienes conforman este grupo. Si cada uno de ellos en su posibilidad hace cumplir sus derechos habrá más avances, y no será tomado como puro marketing, sino pudiéndose implementar como una política de empresa.
Una empresa es socialmente responsable cuando sus cuentas cumplen con la ley vigente, en los aspectos económico-financiero, ambiental y social, en este caso no pensando únicamente en el beneficio de la organización sino incluyendo el bienestar de la comunidad en donde se encuentra la empresa y posiblemente sus empleados.
La mencionada Ley 25.250/20002 fue derogada y modificada por la Ley 25.887/04, que además de reducir el número de empleados a 300 de las empresas que deben confeccionar Balance Social, detalla los requerimientos mínimos de información que debe incluirse en el mismo, haciendo especial hincapié en la normativa laboral con cuestiones tales como: evolución de la dotación del personal, rotación del personal por edad y sexo, capacitación, personal efectivizado, régimen de pasantías, etc.
En el año 2007 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona la Ley 2594, siguiendo un criterio similar al expresado en lo referente a la obligatoriedad para empresas con más de 300 empleados e ingresos mayores a los establecidos en la Resolución SEPyME 147/06. La Provincia de Salta a través del Dto. 517/11 fija –conf. Art. 1º- el marco conceptual para la Responsabilidad Social y el Balance Socio Ambiental. En el año 2010 la Provincia de Río Negro a través de la Ley 4531 crea el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria e implementa un certificado de Responsabilidad Social y Ambiental (CSRA).
Similar criterio adopta la Provincia de Mendoza con la sanción de la Ley 8488/13 denominada Ley de Responsabilidad Social Empresaria –a la fecha sin reglamentar- cuya finalidad es la promoción de conductas socialmente responsables de las empresas y organizaciones como así también fija el marco jurídico-contable del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSAE).
La provincia de la Rioja, con la sanción de la Ley 9013/11 crea el Instituto Provincial de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable, ente autárquico provincial, cuyos objetivos son: comunicación; promoción y difusión; capacitación; sensibilización; investigación y desarrollo; implementación, evaluación y monitoreo de acciones de responsabilidad social.
En lo referente a los organismos con competencia en la materia en el ámbito nacional; resulta importante destacar la creación de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, creada por el Decreto Nº 2083/11 del Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
De esta forma el Estado y las empresas mantienen una relación complementaria, el primero asegura el seguimiento de los lineamientos jurídicos vigentes y promueve el desarrollo participativo de las empresas, y el segundo pone en marcha sus acciones de RSE, que implica la participación activa y consciente en torno al impacto de sus acciones.

Fuente:

GALLI BASUALDO, Mariana. (2014). “Responsabilidad Social Empresaria: breve reseña de la normativa nacional y provincial. Referencia de los organismos con competencia en la materia.” Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Disponible en: http://www.ors.org.ar/sites/default/files/library/files/Mariana%20Galli%20Basualdo-RSE%20Rese%C3%B1a%20normativa%20nacional%20y%20provincial.pdf

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